Kihei Opxli Naqer

Acabo de hacer un trabajo sobre un libro de Charles Powell (es el del título) A ver qué os parece.

[Se me ha olvidado decir que el texto está en fase Beta]

EL PILOTO DEL CAMBIO. EL REY, LA MONARQUÍA Y LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA.

El historiador británico Charles T. Powell es un profundo conocedor del proceso de transición a la democracia que se produjo en España y de su historia más reciente. Libros como España en democracia 1975-2000 (2001) o Juan Carlos, un rey para la democracia (1995) así lo atestiguan.
En este libro, Powell realiza un análisis del decisivo papel que jugó Juan Carlos I en el retorno de la democracia a nuestro país después de casi 40 años de dictadura franquista. Para ello, se sirve del testimonio de los protagonistas de la transición, bien a través de las diversas entrevistas que realizó en Toledo a Fraga, Suárez o González, o utilizando como fuentes escritas libros publicados por personajes como Fraga, López Rodó, Armada, Carillo..., o artículos publicados en prensa (El País, NY Times...) Por tanto, es una obra que pretende huir de las distintas interpretaciones que se han hecho del Rey a posteriori una vez asentada la democracia.
Los seis capítulos que componen el libro se pueden dividir en dos partes claramente diferenciadas, aunque la fecha que actúa como bisagra puede variar. Tras los titubeos iniciales del régimen de Franco, marcados por el fin de la Segunda Guerra Mundial –y el de los fascismos- y el aislamiento internacional, finalmente se constituyó formalmente como Reino en 1947, un reino sin Rey que no tendría sucesor hasta 1969. Por tanto, esa primera parte trataría desde la llegada de Don Juan Carlos a España, en 1948, a su proclamación como Príncipe de España en 1969. Los motivos para elegir esta fecha como límite estriban en que en esos seis años Don Juan Carlos se preparará, como veremos más tarde, para suceder a Franco como Jefe de Estado. Pero además de esto, también se producirá un acercamiento entre el Príncipe y el llamado sector “aperturista” del Régimen, capitaneados por Fraga. Por último, estos años serán esenciales para que don Juan Carlos se forme una imagen cercana entre los españoles –que todavía perdura- y dé la sensación en el extranjero de que es posible la restauración de la democracia aún con un futuro monarca que ha jurado fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y a las Leyes Fundamentales del Reino.
Sin embargo, también podría utilizarse 1975 para separar las dos partes del libro. En ese año –concretamente a partir del 22 de noviembre- don Juan Carlos deja de ser Príncipe de España para convertirse en Jefe del Estado, es decir, en el sucesor de Francisco Franco. Desde esa posición, se convertirá, según Powell, en el piloto que liderará el cambio y el paso de una dictadura a una Monarquía parlamentaria salvaguardada por una Constitución que garantice una régimen de libertades y un Estado de derecho.
Sea 1969 ó 1975 esa fecha clave, lo cierto es que ambas supusieron un drástico cambio en el rol desempeñado por don Juan Carlos: en el primer caso, de aspirante pasó a sucesor formal de Franco y a eventual Jefe del Estado en funciones en caso de enfermedad del General. En el segundo, una vez desaparecido Franco, se convierte en Jefe del Estado y encarna los valores de un Régimen que es consciente de que nada será igual.

Por tanto, y siguiendo el doble esquema que nos hemos marcado, conviene hacernos tres preguntas que nos servirán a modo de guía de lectura: ¿Qué llevó a Franco a nombrar sucesor a don Juan Carlos de Borbón? ¿Qué papel jugó Juan Carlos I durante la transición? Juan Carlos I: ¿piloto o motor del cambio?
Pero antes de responder a estas cuestiones debemos fijar las coordenadas temporales del periodo que trata el autor con mayor profundidad ¿Cuándo empieza y acaba la transición española a la democracia? Pese a los intentos aperturistas en los últimos años de vida de Franco (el “Espíritu del 12 de febrero” de Arias Navarro es el mejor exponente), coincidimos con el autor en que la transición empieza, como muy pronto, con la muerte física del dictador. Es cierto que los impulsos democratizadores no empiezan a fraguarse hasta la llegada de Suárez, pero el fallecimiento de Franco era condición sine qua non para que, tarde o temprano, se iniciara un proceso reformista que ya se sabía que era irreversible o, cuanto menos, muy difícil de detener.
La aprobación y posterior ratificación en referéndum de la Constitución de 1978 significaron el retorno de la democracia a España, pero ni mucho menos su consolidación. El proceso constituyente –al principio disfrazado de reforma política, como veremos más adelante- había terminado, pero quedaba todavía fijar el futuro Estado de las Autonomías y lo que era más importante: las relaciones entre el ejército y la sociedad civil. El golpe de Estado del 23 de febrero supuso el intento de una parte del ejército de destruir todo lo conseguido y tuvo como consecuencia la subordinación del ejército al poder civil y el cese de sus participaciones en política. Eliminada la amenaza militar sólo quedaba que se produjera una circunstancia que suele ser un indicativo inequívoco de que la democracia se ha asentado definitivamente: la alternancia en el poder. La contundente victoria del PSOE en 1982 supuso la salida de la UCD, la formación política que había dominado las dos primeras elecciones, y la entrada en el gobierno de un partido histórico liderado por Felipe González, quien jugó un importante papel importante desde la oposición durante la transición. Por tanto, la transición debe encuadrarse entre los años 1975 y 1982.
La llegada de don Juan Carlos a España en 1948 estuvo marcada por las tensas relaciones entre su padre –don Juan de Borbón- y el general Franco. Sólo tres años antes don Juan había publicado el Manifiesto de Lausana, un documento en el que sentaba las bases de su programa político: como legítimo heredero que era, pedía la aprobación inmediata de una Constitución política, así como el reconocimiento de todos los derechos a la persona humana, el establecimiento de una asamblea legislativa elegida por la nación, y además declaraba su deseo de ser el Rey de una España reconciliada. Sean sinceros o no estos deseos, lo cierto es que este Manifiesto, que vio la luz al final de la Segunda Guerra Mundial, cerró las puertas a la candidatura de don Juan sustituir o suceder a Franco. De nada sirvió que intentará sin éxito alistarse en el ejército nacional o que fuera el legítimo heredero de la corona española.
Los primeros años de don Juan Carlos en nuestro país no fueron fáciles; además de sentirse una especie de moneda de cambio en las conversaciones entre su padre y Franco, se encontró con la hostilidad de algunos grupos del régimen como falangistas, carlistas o miembros del SEU. Tras pasar por la Academia Militar de Zaragoza y estudiar en la Universidad Central de Madrid, don Juan Carlos contrajo matrimonio en 1962 con Sofía de Grecia y se iniciaba un periodo de incertidumbre, pues no estaba claro quién sería el sucesor de Franco.
A instancias de Carrero Blanco y López Rodó, Franco nombró sucesor a don Juan Carlos en 1969, dos años después de que se aprobara la Ley Orgánica del Estado. De este modo se ponía fin a uno de los temores de los hombres del régimen: si Franco moría sin dejar sucesor era bastante probable que las Cortes no aceptaran al candidato propuesto por el gobierno, provocando así una etapa de inestabilidad. Pero don Juan Carlos no era el único candidato: Alfonso de Borbón Dampierre, hijo mayor del infante don Jaime (y por tanto el primo hermano de don Juan Carlos) , que había renunciado a sus derechos en 1933 porque era sordomudo, y Carlos Hugo, el pretendiente carlista al que Franco nunca tomó en cuenta en privado.
Respecto a la pregunta que nos hacíamos al principio -¿Qué llevó a Franco a nombrar sucesor a don Juan Carlos de Borbón?-, tal vez deberíamos cambiar los factores para responderla mejor: ¿Qué llevó a Juan Carlos aceptar el ofrecimiento de Franco para ser su sucesor? Por una parte, no podemos olvidar que la candidatura de don Juan no se sostenía por ningún lado, ya sea por sus diferencias con Franco o por el contenido del Manifiesto de Lausana. Por otra parte, es evidente que don Juan Carlos se encontraba en una posición incómoda, pues de aceptar usurparía los derechos legítimos de su padre pero al mismo tiempo restablecería la monarquía borbónica en España. En resumen, se podría decir que don Juan Carlos aceptó ser el sucesor de Franco por un ejercicio de responsabilidad política. Charles Powell señala que no se puede asegurar que el Rey tuviera en ese momento ideas democratizadoras, pero según varios testimonios –como el de Fraga- parece ser que mostraba interés por las ideas aperturistas. Además, no podemos olvidar que las ideas liberales de su padre pudieron influir en su pensamiento.
Por tanto, si Franco eligió a don Juan Carlos como sucesor lo hizo porque confiaba que después de su muerte, la Monarquía de las Leyes Fundamentales no desmantelaría las instituciones del régimen.
El periodo 1969-1975 fue muy importante para el futuro Rey, pues se puso en contacto con los llamados reformistas, representados por Fraga y sobre todo Herrero de Miñón, quien explicó al Príncipe que se podían modificar las Leyes Fundamentales para abrir la vía democratizadora. Por otro lado, y como hemos señalado arriba, durante estos años el Príncipe se dedicará a visitar ciudades españolas para ofrecer una imagen cercana y también países como Francia o EE.UU., donde pareció convencer a sus dirigentes de sus pretensiones democratizadoras o por lo menos reformistas. Por último, don Juan Carlos ocupó en dos ocasiones la jefatura del Estado por sendas enfermedades de un anciano Franco, lo que le sirvió para ir cogiendo experiencia.
El epílogo del régimen de Franco lo protagonizó Arias Navarro y su “Espíritu del 12 de febrero”, que se quedó en una simple declaración de intenciones que no se llevaron a la práctica. Después de la Marcha Verde sobre el Sahara (don Juan Carlos viajó incluso hasta allí), el general Franco fallecía el 20 de noviembre de 1975 y dos días después don Juan Carlos era proclamado Rey de España y Jefe del Estado, pero no heredó la totalidad de los poderes acumulados por Franco (básicamente la lealtad incondicional, casi ciega de las distintas familias que formaban el Movimiento Nacional) Sin embargo, sus poderes eran amplios: aparte de los simbólicos, el monarca podía iniciar la reforma de las Leyes Fundamentales –previa aprobación de las Cortes y un referéndum-, dirigía la gobernación del reino: podía nombrar y cesar a los presidentes del Gobierno y de las Cortes (en colaboración con el Consejo del Reino, que debía elaborar una terna) y a los ministros. Además, podía convocar y presidir el consejo de ministros, el Consejo Nacional del Movimiento y el Consejo del Reino. Respecto al poder legislativo, el rey podía devolver una ley, además de la potestad de promulgarla y sancionarla. Por último, ejercía el mando supremo de los tres ejércitos.
Su primera decisión como Jefe del Estado fue mantener a Arias Navarro como presidente del Gobierno, una decisión prudente que evitaría un enfrentamiento con el Consejo del Reino, encargado de elaborar la terna de candidatos. A cambio de la continuidad de Arias, el rey consiguió colocar a Torcuato Fernández-Miranda en la presidencia de las Cortes, un hombre que sería clave en la Reforma Política que supondría el desmantelamiento de las instituciones del régimen.
Pese a colocar a destacados reformistas en el gobierno Arias –como Osorio, Areilza o Fraga-, el proceso democratizador estaba estancado y la reforma Arias no pasaba de unos simples retoques que no pasaban de la creación de dos cámaras especializadas y colegisladoras y el mantenimiento del orden constitucional, así como de la Secretaría General del Movimiento. Esta ambigüedad y la lentitud con la que se estaban tomando las reformas fueron las que llevaron al monarca a cesar a Arias Navarro y poner en su lugar a Adolfo Suárez, un político de la generación del rey –joven por tanto- y un hombre del régimen pero no muy comprometido con las distintas familias. Podemos afirmar, pues, que “la corona tenía una voluntad expresa de alcanzar una democracia moderna para España”, según palabras del propio Suárez.
Engendrada por Suárez y Fernández Miranda, la Ley para la Reforma Política no era en ningún caso la apertura de un proceso constituyente. Simplemente era un mecanismo que posibilitaba la participación de partidos políticos (no asociaciones) en una elecciones por sufragio universal para elegir diputados y senadores. Una vez aprobada por abrumadora mayoría en las Cortes, la ley se sometió a referéndum, obteniendo un 94,2% de votos afirmativos del 77,4% del electorado que acudió a votar. Fue un éxito del rey y del gobierno. Aunque el referéndum era sobre la Ley para la Reforma Política, la cuestión de la monarquía y del propio Juan Carlos estaba implícita, y la mayoría de votos afirmativos dieron un espaldarazo definitivo a la corona, en tanto en cuanto se hallaba también legitimada por los españoles y no sólo por el régimen de Franco.
A partir de la celebración del referéndum, y sobre todo tras las elecciones generales del 15 de junio de 1977, el rey desapareció del plano político adelantándose de esta forma al papel que le tenía reservado la Constitución de 1978. Además, el propio Suárez entendió que también estaba legitimado por la soberanía popular y que, en consecuencia, podía actual “en solitario”. Al rey, como veremos más adelante sólo le quedaba cumplir una misión: actuar de enlace entre los militares y el poder político.
Las elecciones del 15 de junio, ganadas por UCD, supusieron la entrada en el juego político de las distintas fuerzas de la oposición que desde la muerte de Franco hasta prácticamente la celebración del referéndum abogaron por una ruptura con las instituciones franquistas que desembocara en una especie de gobierno provisional en vez de la reforma política que se realizó. El abandono de esta vía rupturista posibilitó la creación de una ponencia constitucional formada por miembros de UCD (Herrero de Miñón, Cisneros y Pérez Llorca), PSOE (Peces-Barba), PCE (Solé Turá), AP (Fraga) y del grupo vasco-catalán (Miquel Roca) en la que se estudió el primer borrador constitucional. Esta ponencia acordó que el rey es el jefe del Estado y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Además, se definieron las funciones del rey: sancionar y promulgar las leyes, convocar y disolver las Cortes, convocar elecciones generales en los términos previstos en la Constitución, proponer el candidato a presidente del Gobierno, nombrar y separar a los miembros del Gobierno a propuesta del presidente, el mando supremo de las fuerzas armadas... Como se puede observar, el rey perdía gran parte de los poderes que le otorgaba la Monarquía de las Leyes Fundamentales (básicamente toda iniciativa propia)
La forma de Estado también se debatió en la ponencia constitucional, aunque sólo el PSOE defendió un voto particular republicano, que fue derrotado en la Comisión Constitucional del Congreso. Los motivos de este voto particular hay que buscarlos en el republicanismo histórico del PSOE más que en una oposición a don Juan Carlos. Finalmente, el proyecto de Constitución fue aprobado por una amplia mayoría en el Congreso (258 votos a favor, 2 en contra y 14 abstenciones) y apoyado en el referéndum por el 87,8% de los votantes (el 67,7% del electorado)
En los años posteriores a la aprobación de la Constitución de 1978 la joven democracia española estuvo amenazada: los atentados terroristas de ETA y los GRAPO y los estatutos de autonomía de Cataluña y el País Vasco, desestabilizaron a una parte del ejército, por lo que el rey tuvo que garantizar la unidad y la lealtad de los militares. Sin embargo, la llamada “Operación Galaxia” –considerado un precedente fallido del 23-F- demostró que una parte del ejército no aceptaba el orden constitucional. Desde el punto de vista político, la UCD revalidó victoria en las elecciones de 1979, aunque ya empezaba a mostrar signos de debilitamiento interno. Tras pertinente ronda de consultas con todos los grupos con representación parlamentaria, el rey encargó, como era de prever, la formación de gobierno a Adolfo Suárez.
Poco después de la dimisión de Adolfo Suárez, y durante la votación de investidura de Calvo Sotelo, se produjo el intento de golpe de Estado el 23 de febrero de 1981. Pese al desconcierto actual, el rey tomó las riendas de la situación y, actuando como General de los tres ejércitos, desmanteló el golpe. Un año más tarde el PSOE de Felipe González ganaba las elecciones y, como hemos explicado más arriba, la transición a la democracia quedaba por concluida.
El título del libro que estamos analizando es “El piloto del cambio”. Sin embargo, en la contraportada se dice que el autor realiza una síntesis histórica en la que desarrolla y explica la conocida metáfora del rey como “motor del cambio”. Desde nuestro punto de vista creemos que piloto y motor son dos conceptos que se pueden complementar, pero a todas luces distintos.
Un coche depende del motor para avanzar, pero las direcciones las toma a golpe de volante el piloto. Por tanto, el piloto es en último término el protagonista, mientras que el motor es el personaje secundario que posibilita la acción del piloto, pero no necesariamente su éxito.
La importancia del Rey don Juan Carlos en el regreso de la democracia a España no debe medirse por sus acciones, pues sólo realizó dos determinantes: la elección de Adolfo Suárez como el presidente que llevara a cabo la reforma política, y su participación decisiva para que fracasara el golpe de Estado del 23 de febrero. Ya hemos comentado antes que el papel del rey en el plano político se reduce de manera considerable a partir de las elecciones generales de 1977, pero la figura del rey no desaparece: actuará como enlace entre el poder civil y el militar, y tratará de ejercer el poder moderador incluso antes de la Constitución de 1978. Por ejemplo, el hecho de que no pusiera obstáculos a la legalización del PCE, o al retorno de Josep Tarradellas, o entrevistarse con miembros de la oposición, dicen mucho de este “motor fiable” que nunca dio problemas.
Por eso creemos que más que piloto, el rey fue el motor de un proceso que tuvo a Adolfo Suárez como su principal piloto, pero también a Fernández-Miranda, la oposición en general y hasta el propio rey, que en dos momentos puntuales tuvo que actuar como piloto y como motor.
Pese a este error de concepto, creemos que su objetividad y la ausencia de grandes apasionamientos hacen de este libro una pieza clave para entender uno de los momentos clave de nuestra historia más reciente, un proceso que culminó con la Constitución de 1978, que todavía está vigente. La falta de obstáculos por parte del monarca hicieron posible que en un tiempo relativamente corto se desmantelaran las instituciones de un régimen personal (quizás por eso fue tan rápido su fin) para dar paso a una democracia frágil que se consolidó una vez que los militares abandonaran la esfera política y que se produjera una necesaria alternancia en el poder.
Por último, observamos una paradoja que en parte puede resumir el contenido de este libro: don Juan Carlos aceptó tener menos poder para que fuera posible el retorno de la democracia y el mantenimiento de la monarquía. El rey se acomodó perfectamente a su papel de monarca constitucional, y quizás por eso hoy se sigue utilizando el término juancarlista como un reconocimiento a la importancia que tuvo la institución monárquica en la restauración de la democracia de una forma tan rápida y pacífica. Sólo nos queda preguntarnos si su hijo gozará de este reconocimiento o si, por el contrario, le llegará el turno a la República.